La cartera de seguridad sostiene que unas 500 personas fueron imputadas por delitos o agravantes creados a partir de la Ley de Urgente Consideración (LUC), promulgada en julio de 2020.
El director de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, dijo al diario El País que «si la LUC se derogara, al menos 500 delincuentes se beneficiarían» y estimó que «ese número obviamente se irá incrementando con el paso del tiempo”.
El jerarca sostuvo que “el gobierno tiene derecho a aplicar su política de seguridad, la cual está plasmada en gran parte en la LUC”.
De los 135 artículos de esa norma que pretenden derogar el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, los que están referidos a la seguridad son el 25% (33 artículos).
La Corte Electoral culminó la semana pasada la numeración de las papeletas presentadas para convocar a la consulta popular.
El organismo dispone de 150 días hábiles -desde el 8 de julio- para terminar la numeración y verificación, y así pronunciarse sobre si se alcanzaron las adhesiones.
El total de firmas necesario para habilitar el referéndum es el 25% del padrón electoral, unas 672.000 personas.
La Comisión Pro Referéndum entregó 797.261 rúbricas.
Fuente: La Republica
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