El jefe comunal de Soriano fue imputado por delitos contra la administración pública y está bajo medidas cautelares.

Este lunes, la Corte Electoral analizará un caso que podría sentar un precedente político y jurídico: la suspensión de la ciudadanía del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, tras su formalización por delitos contra la administración pública.
El Poder Judicial comunicó a la Corte la situación del jerarca nacionalista, en aplicación del artículo 80 de la Constitución, que establece como causal de suspensión de la ciudadanía la condición de “legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría”. De resolverse en ese sentido, Besozzi perdería derechos básicos: no podría votar, ser candidato ni ejercer cargos públicos.

La defensa del intendente, encabezada por los abogados Nelson Rosa y Pablo Vera, cuestiona duramente la decisión judicial y reclama que se respete el principio de inocencia. “Desde la instalación en 2017 del nuevo Código del Proceso Penal no se ha comunicado ninguna formalización a la Corte Electoral”, señaló Rosa. En la misma línea, Vera sostuvo que la medida “genera una desigualdad enorme” y citó antecedentes en los que la Corte entendió que procesamientos sin prisión no debían considerarse obstáculo para el ejercicio de la ciudadanía.
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