Es casi un hecho, que de la comisión investigadora, integrada por cinco ediles, presente al menos dos informes.
En cualquier caso, han trascendido algunos de los elementos que están manejando los miembros de esta comisión en esos documentos que por el momento tienen carácter de “borradores”.
Aun así hay unanimidad, en la comisión y el plenario que una de esas resoluciones sea remitir lo actuado a la fiscalía, para que sea eventualmente la justicia la que determine o no la comisión de un posible delito.
Paralelamente, la novedad es que en ambos documentos, se sugiere también que lo actuado sea elevado también a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en virtud de que más allá de la eventualidad de delito, se analice también el comportamiento ético de los diferentes involucrados fundamentalmente en la omisión de la Intendencia de accionar contra la empresa, pese a estar previsto en el convenio de pago incumplido por la empresa propiedad del legislador
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