Informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) determinó baja, pero no logra compensar rezago con el Precio de Paridad de Importación (PPI).
Por cuarto mes consecutivo el gobierno se encamina a mantener congeladas las tarifas de los combustibles en enero, según informó El País.
Esto, pese a que la regla de fijación de los precios de los combustibles -establecida en la Ley de Urgente Consideración (LUC)- le marca una baja mensual de 4% en la nafta Súper 95, de 3,97% en la nafta Premium 97 y una reducción de 6,44% en las tarifas del gasoil 10-S, según el informe de referencia publicado ayer por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Sin embargo, aunque este mes el Precio de Paridad de Importación (PPI) -que busca acompañar la tendencia del precio del petróleo a nivel internacional- determinó una reducción de la nafta y el gasoil, esa baja no alcanzaría para corregir el desequilibrio en el régimen de fijación de precios que se arrastra desde hace tres meses, cuando el Poder Ejecutivo decidió no aumentar las tarifas, pese a que el informe de Ursea determinaba subas.
Es decir que debido a que en octubre, noviembre y diciembre el gobierno decidió congelar las tarifas y no trasladar la evolución al alza del PPI a los precios al público -por ganancias extraordinarias de Ancap-, la rebaja de este mes marcada por Ursea no alcanzaría para compensar el rezago actual y trasladar la reducción de los precios internacionales al consumidor.
Además de la referencia de Ursea, se debe tener en cuenta que a las cifras que arroja el cálculo de PPI se le deben sumar los costos de distribución, márgenes de las estaciones de servicio y el denominado “factor X” (sobrecostos de Ancap) que actualmente es de $ 2,97 por litro. Si se quisieran acompasar las tarifas a la evolución del PPI, los precios de los combustibles deberían subir en enero pese a la baja puntual que marca Ursea este mes.

La medida de los últimos tres meses había sido adoptada por el gobierno dadas las ganancias singulares que ha recibido Ancap por la venta de energía eléctrica (en base a combustibles) de UTE a Brasil, negocio que en el acumulado a setiembre implicó ingresos por US$ 49 millones.
La decisión final la tomará el Poder Ejecutivo, que además de estudiar el informe que le envía Ancap, este mes deberá también considerar otra variable: el ajuste del Impuesto Específico Interno (Imesi) a los combustibles, que se realiza todos los años en enero y que generalmente ajusta al mismo nivel que la inflación. Puede ocurrir que el ajuste del Imesi sea absorbido por Ancap -como en los últimos años- lo que llevaría a que el ente reciba menos ingresos por litro. Aunque la venta de combustibles por debajo del PPI significa para Ancap un impacto mensual de entre US$ 10 y US$ 15 millones, la situación actual del ente es buena dado que acumuló beneficios netos por US$ 98 millones a setiembre y se estima que cerrará el año con números positivos.
Esta mañana, el Consejo de Ministros citado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, analizará todos esos insumos y tomará una definición, en el análisis preliminar el gobierno se encamina a mantener nuevamente el precio de los combustibles, decisión política que no escapa a la coyuntura de campaña electoral de cara al referéndum por la LUC del próximo 27 de marzo.

En el terreno político, los dirigentes blancos se preparan para defender la LUC. Los estudios de opinión pública que encargaron le mostraron que el centro de la polémica estará justamente en los artículos que establecen el nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles.
Para eso, los blancos armaron un manual con lineamientos políticos para defender el nuevo sistema ante la ciudadanía. “La LUC genera un sistema más justo y termina con las situaciones discrecionales. Los consumidores pagarán las tarifas en función de los costos reales. No habrá ajustes fiscales encubiertos a través de las tarifas y por tanto los uruguayos dejaremos de pagar sobrecostos”, dice el texto del librillo.
El documento plantea que en los anteriores gobiernos del Frente Amplio “los precios de los combustibles siempre fueron fijados de forma discrecional y con criterios más cercanos a lo fiscal-recaudatorio que a la evolución real de los costos de producción”. A su vez, argumenta que “se subían tarifas en momentos en los que los precios internacionales del petróleo tenían tendencia bajista o estable”.
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