SCJ suspendió reorganización de los juzgados para habilitar negociaciones con el gobierno

La decisión «se funda en la existencia de posturas publicitadas por diferentes actores institucionales que dan mérito al interés del Poder Judicial de abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, afirmó la Corte.

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ), emitió un comunicado este lunes por la tarde en el que anuncia que resolvió suspender la entrada en vigencia de la Acordada nº 8119, que definía la reorganización de comunidades geográficas (divulgada mediante Circular nº 92/2021 del pasado 19 agosto de 2021), que tenía la finalidad de optimizar «los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes».

La decisión «se funda en la existencia de posturas publicitadas por diferentes actores institucionales que dan mérito al interés del Poder Judicial de abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales», dice el comunicado.

En relación a la Acordada Nº 8119, comunicada por Circular Nº 92/2021, se explica que «la motivación de la misma fue el déficit presupuestal generado a este Poder del Estado desde el año 2005, que dificulta hacer frente a los gastos de funcionamiento de las sedes judiciales de todo el país (alquileres, limpieza, suministros, etc.) y que ha requerido una continua política de abatimiento de costos».

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Agrega que «en particular, para las sedes mencionadas en la acordada de referencia, se ha considerado la baja carga de trabajo jurisdiccional que poseen, así como el traspaso de sus funciones de Registro de Estado Civil al Ministerio de Educación y Cultura a partir del 1º de enero de 2022, tomando asimismo en consideración sus costos operativos que en la actualidad ascienden a $ 12.368.571 anuales, excluidos los gastos asociados a remuneraciones».

«La Suprema Corte de Justicia (SCJ) se ve en la necesidad de aplicar los escasos recursos con los que cuenta en sedes con mayor demanda de servicios de justicia como lo son, por ejemplo, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género (Ley Nº19580).

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Además, en el último proyecto de presupuesto, se solicitó la instalación de ocho nuevos Juzgados con la mencionada competencia en el interior del país (también seis en la capital); pero sólo se habilitaron por el art. 542 de la Ley Nº 19924 tres Juzgados en el interior, sin cubrirse los costos de locales, gastos de funcionamiento ni retribuciones para los cargos funcionales necesarios. No obstante ello, se dispuso su vigencia con fecha 1º de julio de 2021», se argumenta en el texto.

La nota está firmada por el Dr. Tabaré Sosa Aguirre –Presidente de la Suprema Corte de Justicia-, la Dra. Elena Martínez Rosso –Ministra de la Suprema Corte de Justicia-, la Dra. Bernadette Minvuelle Sánchez –Ministra de la Suprema Corte de Justicia-, el Dr. Luis Tosi Boeri –Ministro de la Suprema Corte de Justicia- y la Dra. Gabriela Figueroa Dacasto -Secretaria letrada de la Suprema Corte de Justicia-.

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Fuente: La Republica

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