Sin fueros: Fiscalía decide si pide imputación de Manini Ríos

En marzo de 2020, el general retirado era senador y no se le quitaron los fueros. Ahora, la causa habría prescrito.

Durante la corriente semana, la Fiscalía deberá decidir si es procedente solicitar la formalización del general retirado y exsenador Guido Manini Ríos por una causa iniciada en 2019 y que, por aquel entonces, suscitó una tormenta política.

A la sazón, Manini Ríos era comandante en jefe el Ejercito Nacional, y se lo acusa de haber omitido denunciar al represor José Nino Gavazzo, quien había confesado un grave delito ante un tribunal de honor.

Gavazzo —ya fallecido— reconoció ante ese tribunal el secuestro a manos de militares del estudiante y militante tupamaro Roberto Gomensoro, en 1973. En su confesión, dijo que Gomensoro fue secuestrado y trasladado al Batallón de Artillería I. Según Gavazzo, el joven apareció muerto un día y él —acatando una orden de sus superiores— amarró un peso al cuerpo y lo arrojó al río Negro.

Luego de la realización del tribunal, Manini Ríos entregó un farragoso expediente de más de 700 páginas al entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien falleció en abril de 2019. El entonces general en activo sostuvo haber informado verbalmente a Menéndez sobre la confesión de Gavazzo contenida en el vasto expediente, cuyo contenido salió a la luz luego de que el periodista Leonardo Haberkorn lo divulgara en el periódico El Observador.

En ese momento, el presidente Tabaré Vázquez destituyó a Manini Ríos de su cargo, y este pasó a dirigir el recién fundado partido Cabildo Abierto, por el que fue electo senador ese mismo año.

Durante la campaña electoral, el general retirado aseguró que renunciaría a sus fueros en caso de que la Justicia decidiera investigarlo por esa causa. Sin embargo, luego no lo hizo. En marzo de 2020, el fiscal Ricardo Morosoli solicitó su desafuero, pero el cuerpo legislativo no lo votó.

Ahora, con Manini Ríos fuera del Parlamento, la Fiscalía podría ir nuevamente por su formalización.

Según informó el noticiero MVD Noticias, de TV Ciudad, varios juristas entienden que eso no sucedería. Explican que la pena máxima para el delito señalado sería de 18 meses, y la prescripción se produce en cuatro años. Así las cosas, habría prescrito en 2023.

De acuerdo con el citado medio, el caso está ahora en manos de la fiscal María Nogueira, quien en los próximos días evaluará los elementos disponibles y decidirá si solicita o no la formalización.

Fuente: Montevideo Portal