Justicia uruguaya no hizo lugar a la extradición de la contadora Maya Cikurel a Panamá
La jueza María Helena Mainard entendió que debió ser la Justicia y no la Fiscalía de ese país la que debió pedir la requisitoria.
La jueza de Crimen Organizado, María Helena Mainard, resolvió este lunes no habilitar la extradición a Panamá de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.
Gonzalo Fernández, abogado defensor de Cikurel, argumentó que el pedido de extradición carecía de legitimación, ya que debió partir de la Justicia panameña y no de la Fiscalía de ese país.
Mainard hizo lugar al argumento esgrimido por la defensa y rechazó la solicitud. El tratado de extradición entre Panamá y Uruguay establece que el pedido deberá «ser cursado por autoridad judicial».
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner, pretendía que el término fuera interpretado en sentido amplio e incluyera a la Fiscalía, pero la magistrada realizó una interpretación en sentido estricto.
Ahora, Lackner tendrá un plazo de 15 días para apelar la decisión judicial, en el entendido que se debería habilitar la extradición a los efectos de cooperar en la investigación de la Justicia de Panamá.
En febrero, Cikurel fue detenida por Interpol cuando pretendía cruzar desde Colonia a Buenos Aires junto a da Silveira.
Tenía una requisitoria internacional vinculada a una investigación que lidera la Fiscalía de Panamá sobre el entramado de coimas en la causa Odebrecht, la constructora brasileña.
Durante tres meses, Cikurel cumplió con la prisión domiciliaria solicitada por la Fiscalía uruguaya como medida cautelar previa a la extradición, pero desde fines de mayo la contadora se encuentra en libertad con prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en la comisaría una vez a la semana.
La contadora es acusada por la Fiscalía panameña de ser beneficiaria de transferencias de la constructora brasileña para pagar coimas millonarias.
Se presume que por medio de una offshore registrada en Belice y asociada a la contadora la constructora depositaba coimas en la cuenta bancaria de gobernantes o políticos. Uno de los que habría recibido sobornos mediante esta empresa es el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó entre 2009 y 2014.
