FA advierte que gobierno designó cargos políticos con sueldos “casi de ministro” y los hizo pasar como “cargos técnicos”

Diputados consultaron a Servicio Civil por los casos de Bensión, De Brun, Biestro y Ramírez Saravia, que ingresaron mediante programas del BID y organismos internacionales.

Varios diputados del Frente Amplio (FA) cursaron un pedido de informe a la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para conocer el detalle de los contratos de arrendamiento de servicios y contratos de obra firmados en su mayoría por unidades ejecutoras y unidades dependientes del Inciso 02 (Presidencia de la República) desde el 1º de febrero de este año hasta la actualidad. El pedido se realizó luego de que se difundiera una serie de contratos anuales suscritos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y algunos ministerios, con salarios que rondan e incluso superan los 200.000 pesos mensuales.

Gustavo Olmos, uno de los diputados que firmó el pedido de informes, dijo a la diaria que la inquietud de los legisladores surgió tras conocer algunos contratos que contienen “salarios que son casi de ministros”, algunos “muy por encima, incluso, de los del director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF). Entre otros, mencionó los contratos de la economista Marcela Bensión, que ejerce como consultora asesora en Política Económica del MEF, con una remuneración mensual de 265.724 pesos más IVA; el del asesor de la OPP al ex presidente del Banco Central Julio de Brun, con un salario de 142.189 pesos más IVA, y el de la ex diputada suplente del Partido Nacional María Pía Biestro, contratada por el MEF como consultora de Asesoría Tributaria, con una remuneración de 228.000 pesos más IVA mensuales. “Son cargos de responsabilidad política que los están contratando con programas con el BID u organismos internacionales y dándoles responsabilidad en equipos de gobierno, que no aparecen como cargos de confianza. Los pasan por cargos técnicos y por valores mayores que los que corresponden a cargos de confianza de más relevancia”, agregó Olmos. 

En la respuesta, la ONSC argumentó que no cuenta con la información solicitada, y encomendó realizar un nuevo pedido de informes a cada uno de los organismos por separado, lo cual no conformó a los legisladores. “Es una no respuesta, donde argumentan que no tienen la información suficiente. Ni siquiera nos dieron los datos que sí tienen, que son las relaciones laborales nuevas que se crearon y que el Servicio Civil informó”, afirmó Olmos. El diputado añadió que a la vez que se hizo el pedido de informes a la ONSC, se envió otro a la OPP, y espera que “quizás ahí pueda venir más información”. Además, señaló que “seguramente” se realice una nueva solicitud a los incisos en cuestión y “probablemente” un pedido de acceso a la información pública.

Consultado por la diaria, el director de la ONSC, Conrado Ramos, explicó que el Registro de Vínculos con el Estado, la base de datos a la que tiene acceso la ONSC, no tiene la información discriminada por Unidad Ejecutora, porque esta recoge la información de Contaduría, en la que “todos los contratos vienen bajo un inciso que se llama Inciso 24”. “En todo caso tienen que pedir la información de manera que sí podamos aportarla, pero así cómo está, no”, aseveró.

Por otra parte, el subdirector de la OPP, José Luis Falero, confirmó a la diaria la existencia de las resoluciones firmadas por su oficina: “No llenamos los cargos de confianza y preferimos contratar técnicos para trabajar en el presupuesto”, manifestó. Asimismo, Falero había asegurado a la diaria a principios de mayo que no designarían cargos para las cuatro direcciones de la OPP, “al menos por este año”.

Otros de los documentos a los que accedió la diaria dan cuenta de las contrataciones directas del nacionalista Juan Andrés Ramírez Saravia como Coordinador Nacional del Programa Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por una remuneración mensual de 140.466 pesos más IVA, y de la de los colorados Gustavo Michelin y Guzmán Ifrán, como asesor en seguridad social e inversiones de la OPP, ambos por un monto mensual de 142.189 pesos más IVA.

El pedido de informe también fue firmado por Luis Gallo, Claudia Hugo, Cristina Lustemberg, Carlos Varela, Constante Mendiondo y Sergio Mier.

Fuente: La Diaria